EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LA CONCILIACIÓN ESTÁN ENTRE LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES
Según la encuesta que cada año realiza el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima para medir la confianza en las instituciones, en el 2003 un 10,5% de la población confiaba en el Poder Judicial. Este año, el porcentaje de aprobación llegó a 17,9%. A la vez, la desaprobación cayó de 88% a 76,9% en los seis años. La estadística muestra que si bien el sistema de justicia es aún percibido como deficiente, se han dado pasos en la dirección correcta.
¿Cuáles son esos pasos? En lo que respecta al propio Poder Judicial, es decir, a la administración de justicia, no ha habido cambio más importante en los últimos años que el de la implementación del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) cuyas claves son la oralidad del juicio y la apertura al público en el desarrollo de las audiencias.
La inversión para hacer este cambio es mínima: equipos de grabación, de proyección, espacios adecuados para hacer sesiones públicas y capacitación. En todo el distrito judicial de Huaura --piloto de la aplicación del NCPP-- el costo fue de S/. 5,6 millones. ¿Cuáles son los beneficios? Juicios sin papeleo, más expeditivos y menos vulnerables a la corrupción. En cifras, las quejas sobre jueces pasaron de 58 a 6 en el primer año de la reforma. Otra estadística reveladora es la que muestra que, entre la población penal cuyo caso está en la corte de Huaura, la aplicación del NCPP ha significado que los sentenciados sean más que los procesados. En el 2008 el NCPP se implementó en las cortes de La Libertad, Arequipa, Moquegua y Tacna; y en el 2009 toca hacerlo en Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno, Cusco y Madre de Dios.
Según Nelson Shack, coordinador del proyecto para el Mejoramiento de los Servicios de Justicia (del Banco Mundial), la fórmula del NCPP podría aplicarse no solo en materia penal, sino en los juicios laborales, de familia y otros del ámbito civil. Sería una nueva y significativa reforma que --como muchas que afectan a la administración de justicia-- estaría en manos del Congreso.
Pero, volviendo al Palacio de Justicia, hubo en el 2008 pequeñas gestiones que tuvieron un importante impacto. "Por ejemplo, analizamos que un 70% de la carga en los juzgados contenciosos administrativos de Lima eran juicios por pensiones. Entonces, se decidió que un número de los jueces se dedicaran exclusivamente a pensiones y ello mejoró la productividad", cuenta Shack. De la misma forma se notó que los juzgados de familia avanzaban lentamente porque no disponían de peritajes. Se contrató entonces un volumen de horas de peritaje (de psicólogos y asistentes sociales). Según Shack, esto también mejoró la productividad.
¿De qué depende que avances pequeños pero significativos no se pierdan? "Desde mi punto de vista, deben cambiar los procesos de gestión", señala Shack, quien cuestiona la forma en que hoy muchas decisiones administrativas deben pasar por el Consejo Ejecutivo.
Las estadísticas sobre la mejora en la productividad de los diferentes juzgados estará disponible dentro de algunas semanas; sin embargo, Shack afirma que en el 2008 el número de casos terminados casi equipara al de los casos nuevos. Es decir, por primera vez en el 2008, el Poder Judicial no incrementó su carga. Por supuesto, subsiste el problema de los 2,2 millones de expedientes acumulados. ¿Qué hacer? La propuesta actual del Poder Judicial es la de crear juzgados transitorios; sin embargo, la manera en que ha empezado a aliviarse la carga en Huaura muestra que el cambio en los procedimientos ayudará a descongestionar. Que tan largo sea el plazo depende de la voluntad política con que se haga la reforma.
Ahora bien, estos esfuerzos deben tener un complemento en la llamada cultura de paz. Lamentablemente es magro el presupuesto del 2009 para realizar campañas de educación en pro de que los peruanos recurran menos a los tribunales y más a la conciliación y al arbitraje a la hora de resolver sus disputas. "En el norte del país, por ejemplo, es sabido que las personas entablan juicios hasta por razones de estatus social. La tendencia a litigar es parte de la idiosincrasia", comenta el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna.
En ese sentido, el más importante reto del Ministerio de Justicia en el 2009 será la apertura de 24 nuevos centros de conciliación del Estado, cuyos servicios son gratuitos. Si el plan se cumple, al final del 2009 habrá 90 centros de conciliación públicos en todo el país. Los 66 que existen hasta hoy tienen el alentador resultados de haber logrado un 86,5% de acuerdos.
También en este caso hay que invertir más voluntad que dinero. El presupuesto para los centros de conciliación en el 2008 fue de S/.3,2 millones y en el 2009 será de S/.3,6 millones. Fernando Lama, director de Conciliación Extrajudicial, confirma que los municipios han sido importantes aliados. En el 2009, arranca también la fase de prueba para los servicios públicos de arbitraje.